Es interesante pensar en el valor y significado que tiene para cada quien su vida privada y la de los demás. La tendencia en el pasado era dar gran valor a la vida privada, y muchas creencias, pensamientos y deseos eran guardados como tesoros, compartidos sólo con la almohada o el confesor.
Las nuevas generaciones, con el boom de la tecnología que les permite formar parte de diversas redes sociales, muestran una tendencia a compartirlo todo: estado de ánimo, estado afectivo y actividades a realizar. Lo comparten todo, y no solo con los amigos, también con los conocidos y los conocidos de los conocidos, a quienes ellos no conocen. Cada quien tiene derecho a decidir qué tanto de su vida privada quiere hacer pública y las razones para hacerlo.
Siempre han existido los que se interesan más por la vida de los demás que por la propia y viven en función de saber qué pasa con los demás, con los cercanos como familiares, amigos y vecinos; incluso con los lejanos como personajes públicos.
Hoy en día es importante que todos empecemos a entender que la vida privada no siempre debe ser privada. Es cierto que todos tenemos derecho a tener vida privada y a decidir qué, a quiénes y cuándo lo contamos; pero hay algunas situaciones de la vida privada que deben salir a la luz y es obligación de quien las conozca asumir una postura de responsabilidad e informar a las autoridades competentes.
Estas situaciones que no deben tolerarse bajo el argumento de que se trata de la vida privada y por eso nadie debe inmiscuirse, son los relacionados con el maltrato y violencia intrafamiliar. En el pasado los hijos eran “propiedad” de los padres y la mujer “propiedad” del compañero. Esta postura ideológica se ha prestado para múltiples abusos y atropellos.
Buscando la protección de los miembros vulnerables de la familia se creó la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia) y la Ley 1257 de 2008 (Prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres.). En estas dos leyes existe un artículo o principio que habla de CORRESPONSABILIDAD, y hace referencia a que la protección y bienestar de los miembros de la familia son una responsabilidad compartida entre la Familia, la Sociedad y el Estado.
Todos tenemos la responsabilidad de contribuir a la eliminación del maltrato y una manera de hacerlo cuando conocemos de algún caso, es informando a las autoridades competentes como son Bienestar familiar, Comisaría de familia o policía. Es importante que los ciudadanos sepan que estas entidades reciben denuncias anónimas cuando los datos son suficientes para realizar la verificación. Es una manera de cumplir con la responsabilidad sin asumir el riesgo de una represalia. Todos somos responsables.
Por: Alba Jenny Rincón González
Trabajadora Social y Especialista en Intervención con Familias Universidad del Valle.
