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Por Marlium Jamir Pérez para wwww.todosesupo.com
En los últimos días se ha revivido una polémica por la posibilidad de que Piedad Córdoba recupere sus derechos políticos que le fueron suspendidos por el procurador Ordóñez. Y es que hace poco, el Consejo de Estado decidió tumbar una de las dos sanciones de las que se valió el Procurador para intentar dar muerte política a Piedad.
No soy abogado —Dios me libre— pero en las siguientes líneas sólo voy a intentar referirme a la sanción de septiembre de 2010 que le suspendida en días anteriores puesto que estuve política y personalmente más cercano a ésta que a la que muy seguramente también será desestimada próximamente por el órgano competente.
En primer lugar, las pruebas en las que se basó el procurador para destituir e inhabilitar a Piedad Córdoba durante dieciocho años fueron —hasta donde conozco— básicamente tres: uno es el tal computador (¿o computadores?) del Raúl Reyes a los que luego les resultó una (¿o unas?) memoria (s) USB; otras son las declaraciones de un tal ciudadano ucraniano que resultó no ser ucraniano y que, a pesar de contradecirse cada vez que abre la boca, dice haberse infiltrado en las filas de las FARC-EP buscando sacar información para el gobierno del Uribe; y en tercer lugar las declaraciones de Piedad que harían supuestamente apología al terrorismo.
Por lo menos esas son las menos endebles, pero la última lo es más: a pesar de que la mayoría del material audiovisual en que se registra a Piedad haciendo declaraciones molestas han sido mutiladas convenientemente, de todas maneras legalmente a nadie se le puede sancionar en este país por pensar diferente. Legalmente.
En cuanto a la evidencia más contundente, la Corte dijo hace un tiempo que los computadores del Reyes (y aún, los del Tirofijo) no servían como prueba —o sea que eran más inútiles que la última tajada de un paquete de pan tajado— porque se rompió la cadena de custodia, porque se comprobó que fueron manipulados y porque —en el caso concreto— no arrojan absolutamente ningún indicio de que Piedad tenga que ver con las actividades al margen de la ley de las FARC-EP.
Sumado a ello, el mismo procurador Ordóñez reconoció que no había correos electrónicos en esos computadores, sino archivos de procesador de texto y que nunca se menciona el nombre de Piedad sino que se hace alusión a un personaje que —asumiendo que es el mismo— a veces se le llama como «la negra», a veces como «Teodora Bolívar» y el procurador Ordóñez, como por acto de revelación divina, deduce —¿o induce?— que ese personaje es Piedad. En aquella ocasión, Antonio Caballero, dijo que si Santo Tomás dijo que la fe es ver sin creer, entonces el Procurador es un verdadero hombre de fe.
La pregunta que surge es: si todas las pruebas con que se sanciona a alguien son falsas, ¿cómo es posible que la sanción siga en pie? Imagine usted que cruzó caminando un puente peatonal para pasar una calle y luego lo sancionan por haberse pasado un semáforo en rojo en un carro y haber atropellado a varias personas, se comprueba que todo eso es falso, pero de todas formas lo multan y los noticieros empiezan a hablar de su imprudencia como conductor. Como si fuera poco, quien lo multa no es un agente de tránsito sino un miembro del ESMAD o qué sé yo.
La buena noticia es que hay mecanismos legales para decir que no se considera justa la sanción, la mala noticia es que tardan. «La justicia cojea, pero llega», dice el adagio popular. Ha cojeado mucho del lado izquierdo y hasta se ha tropezado en el camino, pero ya ha empezado a llegar.
El concho I: Es posible que uno pueda estar en desacuerdo con Piedad, con sus posturas, con sus formas… en fin; pero eso no debería implicar que uno justifique cualquier cosa en su contra o en contra de cualquier persona por más discrepancias que existan.
El concho II: Adicional a todo esto, hay que decir que durante el gobierno del Uribe, el DAS tenía la orden no sólo de interceptar las comunicaciones de Piedad, sino además de perseguirla, armar montajes en su contra, hacer campañas de desprestigio con el respaldo de los grandes medios de comunicación y la explícita tarea de lograr abrir un procesos disciplinario en su contra.
Marlium Jamir Pérez Estudiante de sociología, miembro de «Colombianos/as por la paz» y del comité ideológico de «Juventud Liberal Socialdemócrata» (JLS). Exmiembro del Parlamento Nacional de Juventudes Liberales.
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