Por: Luis Ángel Martínez Á. para www.todosesupo.com
Esta semana, después de dos años de confinamiento con motivo del Covid-19, durante los cuales, miles de empresas se quebraron y millones de colombianos perdieron su empleo, por lo que tuvieron que izar un trapo rojo en sus viviendas, no porque fueran simpatizantes del partido Liberal, sino como señal de que no tenían nada que comer, el ministro de Hacienda y Crédito Público radicó ante el Congreso de la República, la tan nombrada Reforma Tributaria.
Con dicha reforma tributaria, el Gobierno pretende recaudar $25 billones de pesos en el primer año para cumplir con sus promesas de campaña, por lo que se propone que las personas naturales aporten por impuesto de renta $8,1 billones; las personas jurídicas $5,1 billones; los impuestos del subsuelo $7 billones; los impuestos verdes y saludables, denominados en el Artículo 49 como “Impuesto nacional al consumo de productos comestibles ultraprocesados y con alto contenido de azúcares añadidos”, comúnmente conocido como el impuesto al salchichón, $2,5 billones y otros impuestos aportarán $2,1 billones.
El Presidente Gustavo Petro, antes de proponer esta reforma tributaria, y los congresistas, antes de iniciar el debate en el Congreso de la República esta semana, deberían tener en cuenta la situación económica mundial, como la guerra entre Rusia y Ucrania, por cuanto estas dos naciones son importantes proveedores de fertilizantes para Colombia, una de las razones por las que se ha incrementado el valor de los alimentos; la amenaza de que Europa entre en recesión a finales de este año y Estados Unidos a comienzos del próximo. También deberían tener en cuenta la situación económica del país, las consecuencias del Covid-19; la inflación, que de acuerdo al informe del DANE de esta semana, el mes de septiembre tuvo un alza del 11.44 %, la más alta en los últimos 25 años; el alza en los precios de los productos de la canasta familiar; el alza en el valor de la gasolina; el alza en el valor del servicio de la energía, lo que ha generado protestas en la costa Caribe y el peligro de que el país entre en recesión el próximo año, como se ha pronosticado por expertos.
Por otra parte, los colombianos no tendrían por qué pagar los compromisos que de manera caprichosa, irresponsable y populista asumió el presidente Petro durante su campaña, por cuanto, en todos los debates, siempre se le advirtió que sus propuestas eran inviables, justamente, porque Colombia no es un país rico; recordemos que las cifras más recientes nos dicen que el 40.2% de los colombianos son pobres y el 14.3% están en la pobreza extrema. Obligar a los colombianos a aprobar esta reforma tributaria, a la cual el mismo presidente Gustavo Petro, algunos funcionarios que hoy lo acompañan en el Gobierno y muchas personas que en marzo llegaron al Congreso de la República por el Pacto Histórico se opusieron el año pasado, cuando el expresidente Iván Duque quiso hacer lo mismo, y que luego retiró, sería tanto como obligar a un anémico a donar sangre.
Luis Ángel Martínez Ángel, escritor y profesional yumbeño. Abogado, criminólogo, politólogo; autor de los libros: “Mecanismos de Participación Ciudadana” y “Derechos y Deberes Fundamentales”; profesor universitario y Defensor Público de la Defensoría del Pueblo, Regional Cali.
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