Poco se sabe aunque mucho se ha dicho de la circulación de un panfleto amenazante contra el alcalde y, según se dice, contra otras personas del municipio. Es nuestro deber ético rechazar este tipo de actos y repudiarlos enfáticamente. No obstante, valdría la pena profundizar al menos en tres aspectos:
Por un lado, cualquier persona que posea el más mínimo conocimiento de la historia reciente del país (cualquier persona excepto el alcalde) podrá deducir la incoherencia que representa relacionar un acto de la mal llamada “limpieza social” con la guerrilla de las FARC-EP.
Además, valdría la pena preguntarse si la reacción de nuestro primer mandatario fue igual de enfática y apresurada cuando su colega de profesión, el padre Miguel David García, tuvo que salir del municipio por motivos de seguridad, o cada vez que se amenaza a los defensores de los Derechos Humanos, sindicalistas o los líderes sociales y políticos en general.
Por otro lado, el anuncio de la destinación de 7.500 millones de pesos para la compra de un lote que se destinará a la construcción de una mega-estación para albergar a quinientos uniformados (si, quinientos), representa el pleno desconocimiento de la situación y necesidades de gran parte de la población yumbeña. No se debe olvidar que este terreno estuvo destinado alguna vez a un Centro Cultural y que, por tanto, esto significará darle prelación a la acción policial sobre la cultural, lo que ha demostrado ser un gran error a través de toda la historia. Estamos a tiempo de evitarlo.
Por: Marlium Jamir Pérez /Estudiante de sociología y de estudios políticos y resolución de conflictos; miembro de la Asamblea Departamental de Juventudes Liberales, del colectivo Colombianos y Colombianas por la Paz, del Parlamento Nacional de Juventudes Liberales y del Instituto del Pensamiento Liberal ‘Alfonso López Michelsen’.
