Después de la denuncia instaurada por un ciudadano, la Registraduría decidió cancelar a 249 jurados que habían sido inscritos por los distintos movimientos políticos para las elecciones del 30 de octubre. El organismo basó su decisión en pruebas aportadas, en las cuales se evidenció que 205 de esas personas procedían del municipio de Dagua y 44 de otras ciudades, es decir, esas 249 personas de otros municipios terminarían votando en Yumbo, convirtiendo el hecho un evidente traslado de votos.

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