El siguiente es un análisis del Observatorio para la Inclusión Social de la Fundación INNOVACCION de las recientes medidas tomadas por el Gobierno municipal de Yumbo…
El crimen y particularmente la violencia, son fenómenos frecuentemente asociados a condiciones de vulnerabilidad, pobreza y exclusión social, aunque en estos también inciden la debilidad de las instituciones y las dinámicas socioculturales en las que la familia juega un papel fundamental. A este coctel de variables debe agregarse el de la racionalidad económica detrás del crimen, propuesta por Becker (1968), encontrándonos de tal suerte ante un fenómeno sumamente complejo.
Atendiendo la experiencia Latinoamericana, observamos que en el proceso de combatir la criminalidad y la violencia de una manera estructural, las agendas de los países y las ciudades consideradas de acuerdo a los diversos indicadores violentas han implementado soluciones integrales e innovadoras, entendiendo las rudimentarias políticas de intervención basadas en el control y la represión como medidas de corto aliento que antes bien producen efectos contrarios a los resultados esperados en muchos casos, y añadiendo más ingredientes al ya nutrido caldo de cultivo en el que se reproduce la violencia, generando espectros más amplios de exclusión social y pobreza.
En cuanto a este fenómeno, Yumbo podría considerarse particularmente, como una ciudad violenta. Para el año 2015 alcanzó la estrepitosa cifra de 77 homicidios, hecho que para una población relativamente pequeña pues según estimaciones del DANE rondaba para el año pasado en 117.118 habitantes. Tendríamos, por lo tanto, una tasa de homicidios de 65,75 por cada cien mil habitantes; ésta ya es una cifra alarmante por sí sola y si tratáramos de ubicar esta cifra en comparaciones internacionales como la realizada por la organización mexicana Seguridad, Justicia y Paz, nos ubicaríamos en la no muy honrosa novena posición de las ciudades más violentas del mundo según este ranking, que como otros, tiene sus críticas. El inicio de este año 2016 en el municipio no parece muy alentador en relación al año pasado en términos de violencia y ante esto el gobierno local ya ha implementado medidas para hacer frente a esta problemática. Cabe aclarar que estas son medidas de choque o por lo menos se espera que así sea.
El Decreto No. 100 impone la prohibición de pasajero hombre en las motocicletas que circulan en el municipio; por su parte el Decreto 101 modifica los horarios en los que se permite el funcionamiento de establecimientos comerciales nocturnos que tienen como su principal servicio el expendio y consumo de bebidas embriagantes. Es frecuente y de hecho es más viable si se considera el tiempo y la planificación, que las políticas de choque tomadas frente a estas situaciones, sean medidas de represión y control que generan impactos en las dinámicas de la violencia y en el corto plazo pueden mostrar resultados gratificantes al reducir algunos indicadores asociados.
Sin embargo, hasta las más pequeñas políticas de choque deben ser tomadas desde el conocimiento de por lo menos las dinámicas más generales del fenómeno y es en este aspecto que el presente artículo pretende abrir la discusión. Simplemente basta con realizar un breve análisis a partir de las cifras disponibles de la red de observatorios de la Policía Nacional para el año 2015 y observar si realmente los decretos adoptados pueden llegar a tener un impacto en los indicadores de violencia en el municipio.
¿Es la restricción a los motociclistas la medida más apropiada para frenar la violencia?
En lo referente al Decreto 100 que restringe la circulación de parrillero hombre en motocicletas, debemos partir del reconocimiento de que esta medida surgió para combatir el fenómeno del sicariato que estalló a finales de los 90 y que aún persiste en nuestra sociedad. Dicha medida ha gozado de relativo éxito, lo que explica por qué varias ciudades del país e incluso centroamericanas han adoptado la medida. Sin embargo, si nos detenemos a analizar esta modalidad de violencia en el caso yumbeño, nos encontramos con una contradicción. Según cifras del Centro de Investigaciones Criminológicas de la Policía Nacional, solo el 5,26% de los homicidios del año pasado en Yumbo fue cometido por un pasajero de motocicleta, mientras que en el 90,79% de los casos el agresor se movilizaba a pie.
FUENTE: Observatorio para la inclusión social, Fundación INNOVACCION, a partir de cifras del Centro de Investigaciones Criminológicas de la Policía Nacional.
Estas cifras parecen indicar que adoptar o no esta medida no tendría un impacto significativo en la reducción de la violencia, pues esta modalidad delincuencial parece no corresponder a las dinámicas de este fenómeno en nuestro municipio. Habría que considerar los elevados costos sociales y económicos que representa esta restricción para la comunidad en general, si se tiene en cuenta su impacto sobre la movilidad que a su vez genera impactos en la productividad, si se asocia este medio de transporte a reducciones en costos de desplazamiento y en los tiempos de pendularidad. Además, esta medida tiene un impacto aún más directo si se consideran las consecuencias sobre quienes prestan el servicio de “mototaxi” para movilizar a miembros de la comunidad en áreas distantes al corazón del municipio que no cuentan con acceso a servicio público tradicional o cuya frecuencia es baja. Se le agregan pues a los costos de la medida, el impacto sobre el empleo y la vulnerabilidad asociada a la segregación espacial.
En cuanto al Decreto 101, ¿se puede asociar el comercio nocturno a los graves problemas de seguridad que tenemos?
Uno de los argumentos que se podrían asociar a la nueva restricción en el horario de los establecimientos comerciales destinados al expendio y consumo de bebidas embriagantes, es que ante el deterioro de los valores cívicos y culturales que se pueden asociar fácilmente a problemas como la exclusión social y la pérdida de credibilidad o confianza en la efectividad de las instituciones de control y justicia, en un escenario como este en el que culturalmente la justicia en propias manos empieza a mostrarse como algo por lo menos permisivo, el alcohol se convierte en un catalizador de la violencia entre los individuos.
FUENTE: Observatorio para la inclusión social, fundación INNOVACCION a partir de cifras del Centro de Investigaciones Criminológicas de la Policía Nacional.
No obstante, es importante analizar si efectivamente los homicidios se han cometido con mayor frecuencia tanto en días en los que aumenta el consumo de alcohol, como en las horas en que este ya ha alterado el sistema nervioso y por ende a la conducta de las personas. Según las cifras de la Policía Nacional, en Yumbo en el periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Noviembre del 2015, se habían presentado 76 homicidios, de los cuales el 56,6% fueron cometidos entre las 6 de la tarde y la media noche. En la madrugada, es decir entre la media noche y las 6 de la mañana, se cometieron el 15,79% de estos homicidios.
En este punto surge la inquietud: ¿El Decreto 101 busca atacar la violencia con modificaciones en los horarios de los establecimientos nocturnos? Para esta pregunta no tenemos una respuesta clara. Lo que sí es más fácil de entender es que los datos y cifras mencionadas aquí parecen no respaldar considerablemente la medida.
FUENTE: Observatorio para la inclusión social, Fundacion INNOVACCION, a partir de cifras del Centro de Investigaciones Criminológicas de la Policía Nacional.
En la Ilustración 3 podemos ver que, si bien los fines de semana ocurrieron cerca del 58% de los homicidios, de estos solo el 18% ocurrió en las horas de madrugada que se pueden asociar a actos violentos de intolerancia inducidos por el alicoramiento. Por otro lado, en días hábiles de semana ocurrieron aproximadamente el 42%, una cifra nada despreciable, y dada esta información, no es muy claro que la “rumba del fin de semana” incida de manera significativa en la violencia que se genera en el territorio yumbeño. En esta medida también debe considerar el impacto económico que se genera sobre los establecimientos, sus dueños y empleados que se ven afectados por la reducción en los horarios.
Ante el difícil panorama de violencia que afronta los yumbeños y con la información aportada en este análisis sobre las medidas de choque tomadas recientemente por el gobierno municipal, se puede evidenciar la necesidad del diseño de políticas que impacten profundamente el problema de la violencia en nuestro municipio y que no le apunten sólo a impactar sus dinámicas, invisibilizando el problema, como frecuentemente resultan ser estas medidas restrictivas y de control.
Es también claro que las intervenciones de carácter represivo y de control constituyen un componente básico de la prevención de la violencia misma, entendiendo a los individuos como agentes racionales que evalúan los riesgos a los que se exponen. Sin embargo, la prevención debe ir más allá de la simple prevención situacional y apuntar a impactar al individuo, a las comunidades y a su entorno.
Existen muchas experiencias exitosas sobre políticas integrales que le apostaron al control y prevención de la violencia; para no extendernos haremos mención de una de las muchas experiencias exitosas. El ejemplo más reciente y cercano es la ciudad de Medellín, que fue en su momento la ciudad más violenta del mundo y hoy ya no se asoma siquiera en el ranking de las 50 ciudades más violentas que emite la organización mexicana Seguridad, Justicia y Paz.
Según esa O. N. G. mexicana, la tasa de homicidios de Medellín no superó los 20 casos por cien mil habitantes en el 2015, producto de enormes avances. Es de admirar la puesta en práctica de un programa con enfoque multisectorial que articuló esfuerzos en cuanto al aumento en la capacidad de las fuerzas de seguridad con mejoras de infraestructura, y programas sociales enfocados en los jóvenes. Ahora bien, Yumbo desde el año pasado goza notoriamente de infraestructura; falta ver hasta qué punto las nuevas administraciones o la sociedad civil apuntan de una buena vez a cambiar estructuralmente nuestra penosa situación.
Los autores de este análisis son:
Carlos Eduardo Guerrero Pabón, Candidato a grado de Economía de la Universidad del Valle y coordinador del Observatorio para la Inclusión Social de la Fundación INNOVACCION.
Sebastián Domínguez López, Candidato a grado de Economía de la Universidad del Valle y jefe de Comunicaciones de la Fundación INNOVACCION. Integrante del Observatorio para la Inclusión Social.
Rodrigo Bastidas Valencia, Candidato a grado de Historia de la Universidad del Valle y Presidente Fundación INNOVACCION. Integrante del Observatorio para la Inclusión Social.
Stephanía Recalde García, Candidata a grado de Trabajo Social de la Universidad del Valle. Integrante del Observatorio para la Inclusión Social de la Fundación INNOVACCION.
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